La ciudad de Dios
El ruido ensordecedor de las maquinarias utilizadas para la
demolición y arrastre de los escombros de las viviendas ubicadas en las dos
manzanas de la plaza central, más los golpes con las “monas o mazos” de
veinticinco kilos de peso, que los obreros de turno le propinaban a los
inmuebles declarados de utilidad pública en la plaza central de Soledad para su
ampliación, rompieron estruendosamente el silencio matinal de siempre y con
ello comenzaron a asomarse las miradas estupefactas por las ventanas de las
viviendas del entorno, incluyendo las del actual párroco de la Iglesia de San
Antonio de Padua que levitaba entre sueños. Antes habían visto el éxodo a
cuenta gotas de las familias propietarias de los inmuebles que tristemente salían,
dejando atrás los recuerdos de toda una vida de sabores dulces y amargos que
llevarán consigo hasta el final de sus días.
Los arranca pellejos como “cariñosamente” se les llama a los
asiduos visitantes del atrio de la Iglesia y algunos ciudadanos residentes del
sector de la plaza central de Soledad, notaron con profunda consternación el
destrozo de dos viviendas representativas en términos estéticos y eclécticos, como
son la Heladería Santa Elena y la Casa residencial de doña María Tirado, cuyos
espacios albergaron aspectos de vida social de sus ciudadanos y sus instantes
de felicidad, regocijo, desesperanza y encuentros de amores en secreto de
varias épocas vividas. Ambas viviendas hacían parte de las dos manzanas que
compró la Gobernación del Atlántico para ampliar el espacio público muy ínfimo
que presenta la ciudad, las cuales fueron desafectadas irregularmente por el
municipio, como ya lo he dicho reiteradas veces en medios de comunicación y demolidas
sin contemplación alguna. Lo que no entendían los civitas raizales y muchos de
nosotros, era la demolición de la vivienda del fallecido don Pedro Ucros
Barrios, vivienda que prestó el servicio de uso residencial a triviales y prestantes
familias de la municipalidad que, en primera instancia, fue la parte
administrativa en su momento del antiguo Teatro Olimpia y en la que funcionó
por mucho tiempo la heladería la Central, una zona de juegos al azar y
últimamente un estadero de venta de licores. La demolición de este inmueble que
no fue desafectado por la Secretaría de Planeación municipal, cuya protección y
salvaguardia la definen los decretos municipales 0336/2007 – 514/2016, se hizo
en el preciso momento en que se iniciaron las obras correspondientes a las dos
manzanas declaradas de utilidad pública, lo que causó confusión en términos
peyorativos, del alcance del proyecto que se viene ejecutando en la plaza
central, muchos de sus ciudadanos pensaron que la manzana donde se encuentra el
antiguo Teatro Olimpia, la antigua Biblioteca Melchor Caro y la vivienda de la
Familia Donado, las cuales hacen parte del listado de protección de los
decretos referenciados, también serían arrasada, a lo que el párroco de la iglesia en
forma angustiosa exclamo, según los comentarios de sus propios feligreses:
“elevemos plegarias al altísimo a través de una cadena de oración para la
protección de la parroquia, porque así como se vienen dando las cosas para la
ampliación de la plaza central en esta “ciudad de Dios” y del sagrado corazón, con
toda seguridad correremos y padeceremos la misma suerte de tan ignominiosa
acción depredadora…”
Nos siguen demoliendo la poca memoria histórica de la que nos
queda de la ciudad, los bárbaros del hacha y el garrote vuelven a cenar con los
escombros culturales de la sociedad soledense, han deglutido con mucha gula y sevicia
la primera Casa Liberal, las cantinas el Bufón y American Bar, la casa de la
Familia Ferrer, La casa de Palma de enea de la calle 15, La heladería Santa
Elena, la casa de María Tirado, en este momento corre la misma suerte la casa
de don Pedro Ucros Barrios y lo más probable es que otras ciento veinte más de
esos inmuebles protegidos, sean digeridos sino se le aprietan las riendas al
caballo desbocado de la presión inmobiliaria y la especulación del suelo. Esta
castración de la memoria urbana que sufre la ciudad por el aparente “desconocimiento
e indiferencia” del control urbano contemplado en la norma, ya sea por omisión
o acción de los agentes del orden de la policía nacional así como las
Secretarías de Gobierno y cultura, instituciones públicas que son las
responsables y competentes para evitar este tipo de acciones demoledoras que
cercenan los símbolos estéticos de la ciudad y lo más grave el papel de la
cultura como fundamento de nuestra nacionalidad colombiana como lo define la
Ley 1185 de 2008 que modificó el artículo 4° de la Ley 397 de 1997, en su
artículo primero: “El patrimonio cultural
de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la
cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e
inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico,
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico.”
Por lo anterior el patrimonio como monumentalidad
arquitectónica dejó de ser el concepto rector para la preservación y protección
de los inmuebles en cuestión, ella -osea la Ley- fortalece el concepto
filosófico del italiano Nuccio Urdine en lo que concierne a la “utilidad de lo
supuestamente inútil” de nuestros símbolos patrimoniales. Por eso no es valido
la responsabilidad única que recae sobre los curadores urbanos de la ciudad en
esta toma de decisiones al entregar una licencia que implica la demolición del
inmueble protegido bajo la égida de una Ley nacional, una Ordenanza
departamental o un decreto municipal que poseen en forma clara la presunción de
legalidad, son corresponsables de la falta, eso sí, igualmente el Alcalde y sus
unidades de control urbano al mando de
él, que no ejercen la auditoría a la licencia expedida para así utilizar el
poder que le otorga la ley en su revocación total en caso de que exista una
transgresión a la norma vigente. Ante tanto urbanicidio al patrimonio cultural de
la ciudad cabe preguntarnos:
¿por qué tanto desprecio y agresividad con Soledad en lo
referente a su legado histórico y cultural?
Muchas respuestas quedarán pendientes en el tintero, pero ya
es hora de la resistencia y de que nos pellizquemos ante tanto salvajismo
urbano que nos destroza la ciudad, o nos veremos condenados a no mirar en
lontananza el resurgimiento del alma de una ciudad, lapidada y tendida bajo el
sol en los pretiles del olvido.
Vade retro…
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